Víctor
Colaborador
OPINIÓN
Emergencias sanitarias
J. M. CARBAJAL
Cinco pueblos, o alguno más, se han pasado los responsables de tramitar una sanción de Tráfico contra un conductor de ambulancias de la comarca del oriente asturiano. Infracción que, además, ha llevado adjunta la retirada de media docena de puntos del carné de conducir y unos cuantos euros menos en la cuenta corriente del profesional del transporte sanitario. Y eso, sin inmiscuirme para nada en el consiguiente daño moral sufrido por el propio conductor, para más señas llamado Ángel Fernández Soto, el cual tiene su domicilio en la ciudad de Cangas de Onís.
Resulta un tanto ridículo pensar a estas alturas que le pusiesen una multa por exceso de velocidad a una ambulancia, precisamente cuando se encontraba atendiendo una urgencia. Encima, por si fuese escaso bagaje, tras ser activada por el servicio de emergencias del 112, un organismo que depende de la Delegación del Gobierno en Asturias. ¿Hubiese ocurrido lo mismo de ser un vehículo de los Bomberos o de la Policía Local? Eso, creo, llegado el hipotético caso, ya sería el colmo de los colmos. Vamos, como si se tratase de un país típicamente bananero.
Lo verídico de la anómala situación que padece el conductor cangués es que sufre en sus propias carnes una historia un tanto rocambolesca, con la purga inclusive de treinta días sin el permiso de circulación. Menos mal que la empresa para la que presta servicios no le puso de patitas en la calle, merced a reconocer la injusticia que acababa de perpetrarse contra uno de sus más reconocidos profesionales del volante. Quince años de trabajo bien hecho no pasan desapercibidos. Pero, mientras tanto, tan sólo queda esperar a que se zanjen favorablemente para los intereses de Ángel Fernández Soto los recursos presentados.
El que la sanción no llegase a manos del interesado en tiempo y forma no puede tildarse de un mero error por parte de la Jefatura Provincial de Trafico. Bien es cierto que fue previamente tramitada contra la empresa para la que trabaja el conductor de Cangas de Onís. ¿Es que nadie, ni uno solo de los responsables administrativos, se percató de que el expediente por infracción al Código de la Circulación se abría contra una firma dedicada al transporte sanitario? Otro argumento bien distinto es que el conductor de la ambulancia hubiese saltado, el día de la denuncia, toda la señalización del tramo Cangas-Arriondas sin estar de servicio. O bien que ese día de autos utilizara a toda pastilla el vehículo sanitario para menesteres particulares.
En fin, simples conjeturas que poco, o nada, tienen que ver con la denuncia presentada contra el conductor de Cangas de Onís. Aún mas: de cumplir fehacientemente los indicadores del tramo que une la ciudad de Cangas de Onís con el Hospital Comarcal del Oriente de Asturias, el tramo de apenas siete kilómetros de la N-625, es muy probable que se perdiesen unos minutos decisivos para tratar de salvar una vida. La línea continua en la calzada de la carretera nacional, así como los controles de velocidad en las travesías urbanas (Vega los Caseros, Les Roces...), están ahí. ¿Es que se va a obligar a los profesionales de los servicios de emergencias a cumplir a rajatabla las señales circulatorias? Alguien deberá tomar cartas en el asunto y eximirles de supuestos excesos de velocidad. En el fondo, son urgencias.
El delegado del Gobierno en Asturias, don Antonio Trevín Lombán, seguro que intentara subsanar el tremendo varapalo cometido con Ángel Fernández. Hoy le ha tocado a ese conductor de Cangas de Onís, aunque mañana -si no se adoptan soluciones- puede ser afectado otro profesional de otra zona del Principado. Pero ¿quién ha pensado en los pacientes que requieren los servicios de urgencia? Una emergencia no debe anteponer la señalización viaria a la atención médica indispensable, ya que unos pocos minutos de demora de una ambulancia pueden llegar a surcar cualquier vida humana.