La llegada de lo que será un nuevo día de sol y playa esconde, a lo largo de los 258 kilómetros de la costa murciana, dos guiones bien distintos: uno, para los veraneantes, y otro, para los equipos de salvamento que velan por la seguridad de las playas en la Región. Es la eterna lucha entre la imprudencia y los profesionales que se dedican a evitar que luego lleguen las madres mías. Pero, aun así, cada verano se repite a pie de playa la misma película, pese a las 232 personas, las 68 embarcaciones y vehículos de rescate, y los 103 puestos que vigilan 70 playas del litoral murciano. Porque todos los efectivos del Plan Copla se quedan cortos frente al 'virus de la irresponsabilidad'.
Un 'virus' del que no se libran bañistas, buceadores, pescadores ni aficionados a deportes acuáticos. Según los miembros del grupo de rescate aéreo del Consorcio de Extinción de Incendios (CEIS), Protección Civil y el Grupo de Rescate Subacuático, «las imprudencias y la vulneración de la señalización» están detrás del 90% de las intervenciones que se producen en costas, frente al 10% de los accidentes que «no se pueden evitar».
Así se lo indica la experiencia a Mariano Belmonte, tras nueve años de servicio como rescatador del CEIS.«La gente va a la playa para ponerse a prueba. Un chico que practicaba kitesurf terminó estampado contra la estructura de un edificio en La Manga». Justo en este punto de la costa, solo entre las playas de Galúa, Calblanque y Barco Perdido, el personal de salvamento de Protección Civil de Cartagena acumula 1.173 rescates y primeros auxilios, de las 14.710 intervenciones que han llevado a cabo en el litoral cartagenero en lo que va de verano.
Pero, aún así, estos 'gladiadores' del agua no desfallecen en su rutina diaria con el objetivo de cerrar su puesto con un parte de cero heridos. Ese es el objetivo que cada día persigue Carlos Espina, un socorrista de 22 años que en su primer verano de trabajo ya ha tenido seis intervenciones, a pesar de que cada día sigue una rutina espartana realizando, junto a sus compañeros de puesto, dieciséis rondas de vigilancia por la orilla. Estas rondas están reforzadas por la vigilancia aérea de los socorristas que, en solitario, otean la costa y el mar con sus prismáticos en turnos de 45 minutos y subidos en torres que superan los diez metros de altura.
«Al llegar a las once de la mañana, lo primero que hacemos es medir la fuerza del viento y la altura de las olas, nos metemos en el agua para comprobar en nuestra piel cómo está el baño, y nos dejamos llevar por la corriente para saber qué ocurriría con niños y mayores», explica Espina. Lo hace en alusión a dos de los principales colectivos de riesgo en playas, junto a los que consumen alcohol.
Esta rutina la desarrollan de forma sistemática los 24 puestos que vigilan 101,2 kilómetros de litoral de Cartagena. Es el requisito imprescindible, antes de izar el color de la bandera que marcará la jornada de baño conforme a la Escala Douglas: color verde, para mar en calma con olas por debajo de los 20 centímetros de altura y tres nudos de viento; amarillo, para la marejada con olas de más de medio metro y viento de hasta 16 nudos y, color rojo, para las olas superiores al metro y veinticinco centímetros y vientos de más de 17 nudos.
«Si hay color amarillo, balizamos la costa con carteles, sectorizando la playa para indicar dónde está prohibido el baño y así los bañistas no se ven tan perjudicados por el mal tiempo», detalla el jefe de operaciones de Protección Civil en Cartagena, José Navarro. Pero el balizamiento no es inmune al 'virus de la imprudencia', que el 17 de julio acabó con la vida de un padre de familia.
En peligro muchas vidas
Ese día reinaba el color amarillo en Calblanque, pero este hombre de 44 años, junto a cinco jóvenes de entre ocho y catorce años, decidió bañarse en una zona sin vigilancia y de difícil acceso. Ahí empezaron sus problemas, porque un rescate dentro del radio de acción del puesto de salvamento se produce en cinco minutos, pero fuera de este área de influencia, el tiempo se eleva a 15 minutos como mínimo, y sin olvidar los costes económicos, ya que en Calblanque hay que añadir los malos accesos a sus calas, a las que solo se puede llegar por aire o a través del agua.
De forma que la aventura de estos bañistas terminó en Cala Dorada, con costes humanos y económicos. Protección Civil movilizó una moto acuática (41 euros) con su correspondiente patrón, 7 euros la hora; una lancha de salvamento, 65 euros la hora; dos socorristas acuáticos, 7 euros por hora; el helicóptero del CEIS con base en Alcantarilla, 3.034 euros por hacer que despegue, además de 354 euros por hora, y un equipo de rescatadores a 97 euros la hora. Eso fue el precio que tuvo que asumir la Comunidad Autónoma, pero sin duda el mayor coste fue la pérdida de una vida. Este hombre falleció tras sacar de las olas a los jóvenes, entre los que se encontraba su hijo, que presenció cómo fallecía su padre.
El cansancio y los golpes que recibió contra las rocas pizarrosas de Cala Dorada hicieron el resto para arrebatarle la vida. Pero la agonía no terminó ahí, porque los profesionales se jugaron el tipo para sacar el cadáver; tanto, que uno de los golpes de mar tiró de la moto al patrón, quien tuvo que ser rescatado por aire por el CEIS. En cuanto a la moto, terminó destrozada contra el acantilado, lo que sumó otros 22.000 euros a la cuenta de esta intervención, que no logró evitar una trágica muerte por imprudencia.
Pero las conductas irresponsables no solo se producen en la superficie acuática, también bajo el mar. «En la Región, los buceadores rozan el límite y no se hace caso a la normativa de la pesca submarina», se lamenta José Moya, coordinador del Grupo de Rescate Subacuático.
«Siempre hay un muerto»
Después de 12 años de servicio, José Moya está curado de espanto: «Cuando nos llaman, siempre hay un muerto. Lo tienes asumido, ya no hay posibilidades de rescate». El motivo suele ser el mismo 'virus de la irresponsabilidad' que puede afectar a algunos bañistas. «La gente hace pesca submarina y va sola, pero deben ir dos personas. Mientras una baja, la otra se recupera en la superficie».
Otra de las principales causas que constituye un caldo de cultivo para el fallecimiento en el medio submarino «son las inmersiones rápidas, que pueden provocar una falta de oxígeno en el cerebro». Sin olvidar la denominada 'enfermedad de los buzos', una embolia gaseosa. Aunque el espeleobuceo es el que atesora la mayor leyenda negra para los buzos de la Región: la Cueva del Agua de Isla Plana, un laberinto que ya se ha cobrado la vida, entre otros, de dos especialistas de la Guardia Civil, el teniente Naranjo y su compañero Antonio Sánchez, en 1996, y del submarinista deportivo Antonio Pedro Martínez Ardiz, en 2010. En este tipo de rescates «resulta crucial planificar la inmersión y trazar una ruta con el cable-guía». A lo que se suman los elevados costes de estas intervenciones, ya que cada buzo, sin contar los demás medios de apoyo, cobra un mínimo de 9 euros la hora por rescates que se pueden prolongar semanas. Es el caso de los dos agentes de la Benemérita, cuyos cadáveres fueron recuperados de la Cueva del Agua 35 días después.
En lo que va de año, el Grupo de Rescate Subacuático ha recuperado tres cuerpos sin vida en el pantano de Mula, en el canal del trasvase y en la playa de Águilas. Más allá de las leyendas negras y al margen de las conductas temerarias de los usuarios, los rescates también están relacionados con las características de las playas.
Una costa que da a mar abierto favorece el oleaje. El viento de Levante es mal compañero para La Manga, y el de Lebeche, para Mazarrón y Águilas, donde en solo dos semanas llegaron a rescatar a 33 bañistas. Nunca está de más recordar que cuando se produce una corriente de retorno que lleva al bañista mar adentro, lo mejor es dejarse llevar por la corriente para no cansarse y, tras recuperar la calma, comenzar a nadar lateralmente hasta la llegada de salvamento, que hasta ahora ya ha realizado 34.473 intervenciones en las costas de la Región, de las cuales, 14 han sido por síndromes de inmersión y cuatro de ellos con resultado de muerte.
Quizá por ello, Protección Civil, bomberos y el grupo subacuático coinciden en la necesidad de «fijar multas» para tocar el bolsillo, en vez de tocar el corazón de aquellas familias que pierden a sus seres queridos en la playa por culpa de una imprudencia.
