Víctor
Colaborador
El ‘boom’ demográfico colapsa la atención sanitaria de las regiones
(Fuente: EXPANSIÓN)
7 de Mayo de 2007
Los servicios públicos de salud gozan de una buena aceptación social: un 70% de los españoles los valora positivamente, según el último Barómetro Sanitario del Ministerio de Sanidad. Aunque los esfuerzos autonómicos para afianzar este optimismo dependen de donde se viva.
La transferencia plena de las competencias sanitarias en 2001 a las comunidades autónomas y la heterogeneidad demográfica de cada una de ellas ha configurado un mapa de servicios sociales complejo y con grandes desigualdades.
Así, Aragón, Asturias y Cantabria, tres autonomías con claros problemas de envejecimiento, son las que obtienen mayor puntuación en la capacidad de su sistema de atención primaria; mientras que en regiones como Canarias, Murcia o Madrid, que han incrementado la población fuertemente en los últimos años, se han comenzado a observar deficiencias en la atención, según un informe sobre la Evaluación de las Atención Primaria en las comunidades autónomas de la Federación para la Defensa de la Sanidad Pública.
Causas del cambio
Paradójicamente, son las regiones más pobres –en términos de peso en la economía nacional o PIB per cápita–, las que poseen unos servicios sanitarios más saludables. Por ejemplo, la Junta de Extremadura –debido a su menor población– destina 190 euros por habitante para la atención primaria, casi el doble que la Comunidad de Madrid (102 euros).
Sin embargo, el 90% de los médicos madrileños atienden a una lista de más de 1.500 pacientes, mientras que en Extremadura, sólo tres de cada diez doctores tiene una carga de trabajo equivalente.
Otra muestra: en Baleares hay un sólo médico por cada 1.820 habitantes, mientras que en Castilla y León, son 920 ciudadanos por profesional.
Las plataformas de profesionales achacan la sobrecarga del sistema sanitario a la gestión de algunos ejecutivos regionales. En ocasiones, puede ser así, pero en otras, los datos demuestran que no todos los males provienen de la misma raíz.
La presión migratoria de los últimos años ha motivado un deterioro de los servicios básicos de algunas comunidades o incluso ciudades que no estaban preparadas para un boom demográfico de estas características.
Por ejemplo, la Comunidad Valenciana es la que más proporción de su presupuesto dedica a la Sanidad: el 39,1% del total. Sin embargo, posee el gasto sanitario por habitante más pobre: 1.058 euros al año. En el lado opuesto, Navarra sólo dedica el 21,6% de sus recursos a la sanidad, pero tiene uno de los gastos por habitante más altos, 1.339 euros al año, tan sólo superada por Extremadura, Castilla y León y La Rioja. Eso sí, Valencia ha recibido en los últimos seis años más inmigrantes (668.000 personas) que la población total de Navarra (600.100).
“El Gobierno no puede abandonar a las comunidades autónomas bajo el pretexto competencial. El Ministerio de Sanidad no está de saldo”, explica María Dolores Pan, diputada del PP en la Comisión de Sanidad del Congreso.
La afirmación de la diputada popular recoge la discusión política que circula en torno a este tema. Para muchos, las comunidades, como gestoras directas de las competencias sanitarias, son las encargadas de velar por la calidad de sus servicios y, por tanto, de evitar su deterioro. Aunque para gestionar bien la sanidad son necesarios unos recursos proporcionales a los cambios demográficos que han sufrido las comunidades en los últimos años, versión defendida por los ejecutivos regionales.
En 2005, comunidades y Gobierno pactaron una inyección adicional de recursos para taponar el agujero del sistema sanitario. Pero dos años después sigue siendo una solución insuficiente, como manifestaron algunas autonomías en la III Conferencia de Presidentes celebrada en febrero.
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