Fomento endurece las medidas que deberán cumplir los organizadores de actos náuticos para preservar la integridad de los participantes El sector cree que muchas pruebas pueden dejar de celebrarse
23.04.2008 - IÑAKI LUZARRAGA
HUNDIDO. El 'Zer Dakar' embarrancó en 1999 en la bocana del puerto de Mundaka durante la fiesta de la Magdalena. / JOSÉ MARI LÓPEZ
LOS DATOS
Aplicación: La normativa regulará pruebas náutico deportivas de todo tipo como regatas de vela y remo, procesiones marinas y campeonatos de pesca de atún.
Novedad: Se establece la figura del Coordinador de Seguridad, que estará en contacto permanente con la Capitanía Marítima correspondiente para comunicar en el acto cualquier incidente que se produzca.
Sanciones: Las sanciones oscilan entre los 60.000 euros en los casos considerados como leves, hasta los 180.000 y 900.000 de los hechos catalogados como más graves, entre los que se encuentra carecer del correspondiente certificado de navegabilidad del buque.
Unas doscientas actividades que se desarrollan anualmente a lo largo de la costa vizcaína -romerías marinas y todo tipo de pruebas deportivas- deberán ajustarse a las férreas exigencias de la nueva normativa de seguridad aprobada por el Ministerio de Fomento. El reglamento, que contempla medidas encaminadas a velar por los participantes, la navegación, así como también el medio en el que se desarrolla la cita, ha generado controversia desde antes incluso de su entrada en vigor.
Sus detractores, consideran que «acarreará la pérdida de un buen número de eventos», mientras que los partidarios señalan que «una regulación era necesaria, pese a que el texto es mejorable». Una de las grandes novedades es la obligatoriedad de contar con la figura de un Coordinador de Seguridad. Su labor incluirá apartados como comprobar que los aparatos y naves participantes se encuentran en las debidas condiciones, así como decidir si una prueba se retrasa o suspende debido a las condiciones meteorológicas o por carecer de los medios exteriores de rescate y salvamento.
Esta persona, que será designada por la organización, estará en contacto permanente con la Capitanía Marítima correspondiente y deberá comunicar «a tiempo real» cualquier incidencia que se produzca durante el evento. En las romerías que se desarrollen en alta mar, además, será el encargado de fijar la velocidad de la comitiva, así como de comprobar previamente que los buques participantes disponen de las correspondientes pólizas de seguro o garantías de responsabilidad.
Las competencias en materia de seguridad recaerán también directamente en los organizadores de la prueba, así como en los patrones de los barcos participantes. Los primeros deberán informar previamente del recorrido a realizar, mientras que los otros tendrán la obligación de impedir que suban a bordo más pasajeros de los permitidos por la ley, y desalojar a aquellas personas que muestren síntomas de tener sus facultades mermadas por el efecto del alcohol o sustancias psicotrópicas.
El incumplimiento de la normativa contempla multas de 60.000 euros para hechos catalogados como leves, entre los que se encuentra lanzar desperdicios al mar. Las sanciones para los casos considerados graves, como poner en peligro la seguridad del barco, podrían alcanzar los 180.000 euros. Asimismo, las muy graves ascenderán a 900.000 euros. En este último grupo se encuentran infracciones como no disponer del certificado de navegabilidad del buque o ceder las funciones de patrón a alguien que carezca de la debida titulación.
Algunas de las medidas recogidas en el texto, sin embargo, ya se aplican desde finales de la década de los noventa. El siniestro ocurrido en 1999 en la bocana del puerto de Mundaka, al embarrancar y posteriormente volcar el barco que trasladaba a la comitiva municipal de Bermeo el día de la Magdalena -22 de julio-, hizo saltar todas las alarmas. Un centenar de personas cayeron al agua, aunque lo que pudo convertirse en una tragedia se quedó en un gran susto con sólo algunos heridos.
Década de los noventa
A partir de ese momento, los requisitos pasaron a ser mucho más estrictos. «Aquello marcó un hito y luego se requería una lista nominal de las personas que embarcaban», coincidieron en señalar las cuatro Capitanías Marítimas del territorio -Lekeitio, Bermeo, Bilbao y Ondarroa-. En Vizcaya, la flota de las embarcaciones de recreo, que supera las 6.000 unidades, será el colectivo más afectado por la nueva reglamentación. Precisamente, el auge de este tipo de naves, tanto de vela como de motor, con la consiguiente escalada de pruebas náutico-deportivas, ha sido uno de los motivos que ha llevado al Ministerio de Fomento a sacar adelante la ley.
La Capitanía Marítima de Bilbao tramitó en 2007 centenar y medio de solicitudes para programar actividades en alta mar. Una de las más populares es la procesión de la Virgen del Carmen en Santurtzi. El cortejo oficial, que cada 16 de julio recorre las aguas del Abra, congrega alrededor de una decena de buques. Más multitudinario es el simbólico acto del lanzamiento de la teja junto a la isla de Izaro por parte del alcalde de Bermeo cada 22 de julio para rubricar la soberanía del peñón. El 'Antzar Eguna' de Lekeitio, así como las regatas de vela y remo y las competiciones de pesca de atún que se celebran a lo largo del litoral vizcaíno completan la lista de iniciativas que deben someterse a la nueva reglamentación.
