cybor
e-mergencista experimentado
Vulnerar la confidencialidad de los enfermos también será una falta muy grave
El Gobierno regional quiere regular de una vez por todas el transporte sanitario. El Consejo de Gobierno dio luz verde al Proyecto de Ley de Medidas en Materia Sanitaria en el que se fijan unas sanciones de entre 601 y 601.012 euros para las ambulancias que no cumplan la futura normativa. Las sanciones más graves se impondrán, entre otras razones, por carecer de certificación necesaria o poner en riesgo a los pacientes.
Ante los ojos de las víctimas, las ambulancias siempre llegan tarde. La llamada de socorro se suele producir en circunstancias muy difíciles y cada minuto que pasa se hace eterno para el que espera. El Ejecutivo autonómico quiere que una ley regule este servicio público esencial y penalizar con dureza a aquellas empresas que no sean rigurosas con la norma. El Consejo de Gobierno dio vía libre al Proyecto de Ley de Medidas en Materia Sanitaria que establece sanciones para las ambulancias que van de los 601 euros, para las infracciones más leves, hasta los 601.012, para las más graves.
La futura norma será remitida a la Asamblea de Madrid para su aprobación definitiva. El transporte terrestre sanitario público, privado u oficial se verá afectado por la nueva regulación. La cuantía de las sanciones varía dependiendo de lo lesiva que sea la infracción. Por ejemplo, las sanciones muy graves pueden interponerse por carecer del debido certificado técnico-sanitario, por prestar el servicio en condiciones que representen un riesgo para el paciente o por el incumplimiento deliberado de la normativa. Los que falsifiquen la documentación necesaria, el que incumpla el deber de garantizar la confidencialidad, el retraso o el incumplimiento injustificado y reiterado que provoque un daño a los usuarios, también serán penalizados con esta sanción.
Las multas tipificadas como leves, prescribirán al año de su interposición; las graves, a los dos; y las muy graves, a los cinco. Este anteproyecto conlleva una modificación de la Ley de Ordenación Sanitaria para conferir una mayor agilidad administrativa a los organismos dependientes. En este sentido, se eleva el rango legal del Consejo Superior de Sanidad que se encarga del asesoramiento sobre temas científicos y técnicos, así como en situaciones de alerta.
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El Gobierno regional quiere regular de una vez por todas el transporte sanitario. El Consejo de Gobierno dio luz verde al Proyecto de Ley de Medidas en Materia Sanitaria en el que se fijan unas sanciones de entre 601 y 601.012 euros para las ambulancias que no cumplan la futura normativa. Las sanciones más graves se impondrán, entre otras razones, por carecer de certificación necesaria o poner en riesgo a los pacientes.
Ante los ojos de las víctimas, las ambulancias siempre llegan tarde. La llamada de socorro se suele producir en circunstancias muy difíciles y cada minuto que pasa se hace eterno para el que espera. El Ejecutivo autonómico quiere que una ley regule este servicio público esencial y penalizar con dureza a aquellas empresas que no sean rigurosas con la norma. El Consejo de Gobierno dio vía libre al Proyecto de Ley de Medidas en Materia Sanitaria que establece sanciones para las ambulancias que van de los 601 euros, para las infracciones más leves, hasta los 601.012, para las más graves.
La futura norma será remitida a la Asamblea de Madrid para su aprobación definitiva. El transporte terrestre sanitario público, privado u oficial se verá afectado por la nueva regulación. La cuantía de las sanciones varía dependiendo de lo lesiva que sea la infracción. Por ejemplo, las sanciones muy graves pueden interponerse por carecer del debido certificado técnico-sanitario, por prestar el servicio en condiciones que representen un riesgo para el paciente o por el incumplimiento deliberado de la normativa. Los que falsifiquen la documentación necesaria, el que incumpla el deber de garantizar la confidencialidad, el retraso o el incumplimiento injustificado y reiterado que provoque un daño a los usuarios, también serán penalizados con esta sanción.
Las multas tipificadas como leves, prescribirán al año de su interposición; las graves, a los dos; y las muy graves, a los cinco. Este anteproyecto conlleva una modificación de la Ley de Ordenación Sanitaria para conferir una mayor agilidad administrativa a los organismos dependientes. En este sentido, se eleva el rango legal del Consejo Superior de Sanidad que se encarga del asesoramiento sobre temas científicos y técnicos, así como en situaciones de alerta.
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