Doctor, No me quiero transfundir...

Dr. Skawman

rcp-mexico.com
Miembro del equipo
Autor #1
IMPORTANTE: AUNQUE ESTE TEMA ENCIERRA UNA OBVIA IMPLICACIÓN DE CREENCIAS Y COSTUMBRES,
NO SE PRETENDE DISCUTIR CREENCIAS RELIGIOSAS.
La Libertad de Credo, un derecho humano universal;
la libertad de elegir del paciente también...

"Doctor... no me quiero transfundir..."


¿Cuántos de nosotros nos hemos topado con este dilema? ¿Qué hemos hecho al respecto? ¿Qué alternativas a la hemotransfusión hemos utilizado? ¿han dado buenos resultados? ¿hemos perdido batallas a la muerte por no transfundir a petición del paciente o sus familiares? ¿Es igual un paciente programado a un patiente de urgencias?​

Por favor, quisiera que se expusieran experiencias de esta naturaleza para una retroalimentación para todos...​
 

Elier CG

Super Moderator
Miembro del equipo
#2
Buneo por caca si el hombre puede pedir no ser tranfundido es que tenemos algo de tiempo y podemos utilizar la HEMODILUCION. si es un caso electivo pues lo preparamos claro esta una gran cirugia si es imprescindible Sangre.

En la emergencia si el hombre no lo comenta pues se la pongo, despues que resuelva el proble veremos que pasa. si esta en una UCI y no hay familiar a pesar que ellos se opongan .....8) ..valoro que hago....

y si que el grupo ya tiene caracter Universal.....
 

Mc Graner

e-mergencista experimentado
#3
En la emergencia, y en el caso de que peligre su vida se le inhabilita (como en el paciente psiquiatrico), y adelante, luego ya hablaremos; en el caso de intervencion hospitalaria una opcion es la autotranfusion y por descontado la comunicacion con el juzgado y que su señoria decida. (el que mas y el que menos tenemos alguien en ese "grupo") y si usted no quiere sanar "ancha es Castilla". ...hemos echo un pacto con DIOS. EL no salva vidas, y nosotros no hacemos milagros. BUENA GUARDIA.
 

vicente roca

e-mergencista experimentado
#4
En la emergencia, y en el caso de que peligre su vida se le inhabilita (como en el paciente psiquiatrico), y adelante, luego ya hablaremos; en el caso de intervencion hospitalaria una opcion es la autotranfusion y por descontado la comunicacion con el juzgado y que su señoria decida. (el que mas y el que menos tenemos alguien en ese "grupo") y si usted no quiere sanar "ancha es Castilla". ...hemos echo un pacto con DIOS. EL no salva vidas, y nosotros no hacemos milagros. BUENA GUARDIA.
totalmente de acuerdo:
EMERGENCIA - EMERGENCIA VITAL QUE NO ADMITE DILACIÓN: transfundir y "apechugar" con las consecuencias legales (en realidad no los hay, el juez entiende la situación de extrema urgencia).

URGENCIA DIFERIDA - QUE ADMITE UN TIEMPO DE ESPERA: al Juez de guardia y que el valore. Normalmente prevalece el bien legal vida sobre el bien de la libertad individual (p.ej. alimentación forzada a presos en huelga de hambre, etc) Pero que sea el Juez el que asuma la responsabilidad. De hacerlo el médico en estas circunstancias podría tener consecuencias legales.

NO URGENTE - OPTATIVO - OPCIONAL. Prevalece la libertad del individuo. Si se niega a recibir el tratamiento, que pida el alta voluntaria, p.ej.
 

jenar

Super Moderator
Miembro del equipo
#5
Bueno amigos, para empezar, ruego se intente omitir todo tipo de alusiones a creencias religiosas o fenómenos culturales que puedan herir susceptibilidades, no solo porque así lo ha expuesto el forista que ha abierto la discusión, sino porque además puede contravenir las normas de esta página obligando al equipo de moderación a intervenir. Así que continuemos con el tema refieriendo experiencias personales al respecto y la forma en la que se han podido afrontar...;)

En la emergencia, y en el caso de que peligre su vida se le inhabilita (como en el paciente psiquiatrico), y adelante, luego ya hablaremos; en el caso de intervencion hospitalaria una opcion es la autotranfusion y por descontado la comunicacion con el juzgado y que su señoria decida.
A priori parece obvio que en caso de Emergencia, tomemos la decisión por el paciente. Sin embargo, el hecho de que estemos ante una emergencia, por ende con importante riesgo vital, no parece excluir la necesidad de buscar y conseguir el acuerdo del paciente o sus familiares para realizar determinado tipo de intervenciones (en el sentido de actuaciones). Las legislaciones de los paises tienen diferencias importantes pero en general se tiende a otorgarle al paciente la decisión final sobre las actuaciones que se lleven a cabo sobre el.

En España, la ley de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del
Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica.
B.O.E. de 15.11.02. viene a regular estos aspectos y entre otras cosas incluye, respecto a las situaciones de riesgo vital, el siguiente párrafo:

2. Los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables en favor de la salud del paciente, sin necesidad
de contar con su consentimiento, en los siguientes casos:...

b) Cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no es posible conseguir su autorización,
consultando, cuando las circunstancias lo permitan, a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho a él.

En todo caso, la ley no considera que el paciente en situación de riesgo vital esté incapacitado para tomar este tipo de decisiones. Este es un dato muy a tener en cuenta a la hora de actuar...

Se ha comentado el hecho de la alimentación forzada en caso de huelga de hambre. Completamente cierto, pero no hablamos de "pacientes", tal y como los entendemos y el razonamiento de los jueces en estos casos no se basan en las leyes que garantizan las libertades de los pacientes sino en hechos jurídicos diferentes y que se escapan de esta discusión.

Respecto a las transfusiones sanguíneas, sí que hay sentencias que obligan a transfundir a menores cuyos padres se negaron a aceptar dicha técnica. Esto es lógico porque el menor si está considerado en la ley como incompetente para tomar esta decisión (hasta los 16 años, aunque entre los 12 y los 16 debe ser informado y escuchado aunque san los padres o tutores los que tomen la decisión final), pero no recuerdo nunca haber visto una sentencia que obligue a un adulto a transfundirse.

No obstante y para complicar aún más las cosas, os dejo un enlace en el que se comenta una sentencia del constituciional, donde se acepta el recurso de amparo de unos padres que no permitieron que su hijo fuera transfundido falleciendo este posteriormente y que habían sido condenados por el Supremo a penas de prisión. La sentencia anula dicha pena. El enlace es:

http://www.escritosparalaconcordia.org/sentencia.htm

Un saludo.
 
Última edición:

lil

e-mergencista experimentado
#6
LEY 41/2002, de 14 de noviembre, básica
reguladora de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información
y documentación clínica.

http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/transparencia/ley_autonomia_paciente.pdf

Artículo 9. Límites del consentimiento informado y consentimiento
por representación.

1. La renuncia del paciente a recibir información
está limitada por el interés de la salud del propio paciente,
de terceros, de la colectividad y por las exigencias
terapéuticas del caso. Cuando el paciente manifieste
expresamente su deseo de no ser informado, se respetará
su voluntad haciendo constar su renuncia documentalmente,
sin perjuicio de la obtención de su consentimiento
previo para la intervención.

2. Los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones
clínicas indispensables en favor de la salud
del paciente, sin necesidad de contar con su consentimiento,
en los siguientes casos:


a) Cuando existe riesgo para la salud pública a causa
de razones sanitarias establecidas por la Ley
. En todo
caso, una vez adoptadas las medidas pertinentes, de
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica
3/1986, se comunicarán a la autoridad judicial en
el plazo máximo de 24 horas siempre que dispongan
el internamiento obligatorio de personas.

b) Cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad
física o psíquica del enfermo y no es posible conseguir
su autorización, consultando, cuando las circunstancias
lo permitan, a sus familiares o a las personas
vinculadas de hecho a él.


3. Se otorgará el consentimiento por representación
en los siguientes supuestos:

a) Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones,
a criterio del médico responsable de la asistencia,
o su estado físico o psíquico no le permita hacerse cargo
de su situación. Si el paciente carece de representante
legal, el consentimiento lo prestarán las personas vinculadas
a él por razones familiares o de hecho.


b) Cuando el paciente esté incapacitado legalmente.

c) Cuando el paciente menor de edad no sea capaz
intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance
de la intervención. En este caso, el consentimiento lo
dará el representante legal del menor después de haber
escuchado su opinión si tiene doce años cumplidos.
Cuando se trate de menores no incapaces ni incapacitados,
pero emancipados o con dieciséis años cumplidos,
no cabe prestar el consentimiento por representación.
Sin embargo, en caso de actuación de grave
riesgo, según el criterio del facultativo, los padres serán
informados y su opinión será tenida en cuenta para la
toma de la decisión correspondiente.


4. La interrupción voluntaria del embarazo, la práctica
de ensayos clínicos y la práctica de técnicas de
reproducción humana asistida se rigen por lo establecido
con carácter general sobre la mayoría de edad y por
las disposiciones especiales de aplicación.

5. La prestación del consentimiento por representación
será adecuada a las circunstancias y proporcionada
a las necesidades que haya que atender, siempre
en favor del paciente y con respeto a su dignidad personal.
El paciente participará en la medida de lo posible
en la toma de decisiones a lo largo del proceso sanitario.
En caso de menores, la ley dice : "en caso de actuación de grave
riesgo, según el criterio del facultativo, los padres serán
informados y su opinión será tenida en cuenta para la
toma de la decisión correspondiente."

La opinión de los padres será tenida en cuenta pero no es vinculante... esto es muy importante sobre todo en niños donde los padres niegan, por razones religiosas, la transfusión...
 

lil

e-mergencista experimentado
#7
Jenar, es complicado hablar de este tema sin citar precisamente esos supuestos ya que la mayoría de pacientes que se niegan a ser transfundidos alegan precisamente, en su gran mayoría, las creencias religiosas... Desde luego que se debe de tratar desde el máximo respeto...
Hay una frase que hay que tener clara: "En pacientes capaces, nadie le puede hacer el bien en contra de su voluntad", aunque estemos, como personal sanitario, obligados por los principios de beneficencia y no maleficencia... tambien pesa el principio de autonomia...
Otra frase: La vida es un derecho... pero no una obligación... Y volvemos a la frase de antes...:roll:

Os dejo un articulo, que puede aclarar mucho(o no) el debate...

6. Un caso de especial conflictividad: la negativa a prestar el
consentimiento para un tratamiento vital por motivos
religiosos

En el ámbito clínico se produce con cierta frecuencia (bien que en términos
comparativos, de forma no muy significativa, pero por lo general llamativa
por su conflictividad, lo que le confiere una especial notoriedad) algún
hecho relacionado con la denegación del consentimiento por parte del paciente
para un tratamiento determinado. Su trascendencia radica más que en el
hecho en si, en que está rodeado de otras connotaciones sociales y en que en
ocasiones puede abocar a situaciones límite, al poder ponerse en peligro la vida
del paciente (situaciones de autopuesta en peligro). Por otro lado, suele ser
motivo de perplejidad por parte de los profesionales sanitarios implicados, al
no saber cuál ha de ser su proceder conforme al Derecho en tales situaciones.
Me refiero a los casos de rechazo de transfusiones de sangre por motivos religiosos,
cuando éstas pueden ser necesarias para salvar la vida del paciente.
La conflictividad originada por el rechazo de los Testigos de Jehová se ha
presentado sobre todo cuando estaban implicados pacientes adultos, que bien
rechazaban por si mismos la transfusión de sangre, bien tal oposición era
expresada por terceras personas que les acompañaban, al no hallarse los primeros
en condiciones de manifestar su voluntad. Son también los casos que
han dado lugar a más contribuciones doctrinales y a diversos pronunciamientos
judiciales en relación con la decisión que adoptan estas personas y su entor-no familiar y de correligionarios161. El análisis de esta específica conflictividad
permitirá completar algunos aspectos que en los casos de los menores no han
podido ser abordados o lo han sido de forma incidental.
El rechazo del tratamiento por parte de los pacientes adultos, debido a
motivos religiosos o a sus creencias (en particular, las transfusiones de sangre)
suele orientarse como un supuesto de objeción de conciencia162. En tales situaciones
se produce un conflicto de deberes intrapersonales, esto es, en la propia
esfera interior del individuo constreñido por su propio dictamen de conciencia,
pero en realidad tal conflicto no se configura como el característico de la
objeción de conciencia. En estos casos, aunque existan motivos religiosos o de
conciencia se plantea una cuestión previa, la de la libertad de todo paciente de
someterse a un tratamiento, sea vital o no lo sea, y cualquiera que sea la motivación
que presida la decisión de rechazar ese tratamiento si toma esta opción.
Conforme a lo que se expuso más arriba, esta libertad aparece reconocida por
la LGS163, y como indico más abajo, cuenta como soporte constitucional, no
con el derecho, sino con la libertad de disponer de la propia vida por uno
mismo164.
No quiere sostenerse con este planteamiento que no exista una auténtica
cuestión de conciencia como trasfondo, pues es cierto que ésta se erige comoel motor del posible conflicto, sino que desde el punto de vista jurídico no es
necesario llegar a él ni resolverlo en términos de colisión deberes. Se trata, en
suma, del reconocimiento de la autonomía de la voluntad como tal del adulto
consciente de sus actos y capaz, incluso cuando con ella se decide la disposición
de la propia vida. Además, como hemos señalado ya, integra la hipótesis de
aparente enfrentamiento de deberes intrapersonales (incluso, propiamente
habría un conflicto interno de deberes morales), que se mueven en la propia
esfera del individuo afectado y, por consiguiente, exclusivamente en ella deben
resolverse. Sólo en el caso de que se llegase a la conclusión contraria de que la
libertad de disposición por uno mismo no existe -tesis que no comparto-165,
podría surgir la confrontación entre la vida o la salud, por un lado, y la libertad
de conciencia, por otro. Pero, en realidad, al no existir un deber constitucional
de vivir contra la propia voluntad (no debe olvidarse que el derecho a la
vida del art. 15 de la CE tiene un contenido garantista)166, tampoco puede sostenerse
en rigor que exista un conflicto de deberes167. Desde el punto de vista
penal son supuestos de ausencia de tipicidad para el sujeto y para terceros168.No obstante, esta colisión puede trascender a terceros implicados por la
decisión, como son, fundamentalmente, el profesional sanitario que atiende al
paciente, tanto por su obligación de obrar conforme a las exigencias de una
técnica correcta (lex artis),169 del ordenamiento jurídico, cuanto porque a su
vez el comportamiento reclamado por el paciente -por lo general de omisiónpuede
chocar con sus propias convicciones morales; y, en su caso, también
puede verse afectado el Juez, si es reclamada su intervención para dirimir cuál
es el comportamiento ajustado a Derecho. Por otro lado, los familiares y amigos
-o correligionarios- del paciente, que a su vez pueden ser también miembros
de la misma confesión religiosa, pueden sentirse llamados a intervenir
desde su propia conciencia para evitar que aquél sea sometido a un tratamiento
contrario a sus convicciones, en particular cuando por su estado no está en
condiciones de manifestarse. Es entonces cuando pueden surgir situaciones
problemáticas para el Derecho Penal -al menos aparentemente-170, como de
hecho se han producido. Si bien, como ya se ha adelantado, en estos casos al
desaparecer el deber de realizar la acción específica salvadora de la vida ajena,
no se incurriría en los tipos de los delitos de omisión -puros o de comisión por
omisión- posibles. Por ello, y partiendo de las premisas anteriores, es oportuno
revisar los problemas que se han suscitado en la doctrina y, sobre todo, en
la jurisprudencia española, desde la perspectiva del objetor.
En efecto, esta creencia religiosa y la actitud coherente con ella puede plantear
serios conflictos asistenciales y jurídicos cuando el rechazo a la transfusión
viene acompañado por una situación de grave peligro para la vida de un miembro
de este grupo religioso, como, por ejemplo, si ha sufrido una importante
hemorragia como consecuencia de un accidente o de una enfermedad (p. ej.,una úlcera gástrica o intestinal), o va a ser sometido a una intervención quirúrgica
que previsiblemente requerirá el apoyo de la transfusión sanguínea171.
El respeto a la libertad religiosa del paciente, cuando el tratamiento se
oponga a sus propias creencias religiosas o de conciencia, pero partiendo del
respeto a su libre autonomía, según se ha razonado, como en el caso de las
transfusiones de sangre a testigos de Jehová, son constantes a tener en cuenta
por el médico para evitar incurrir en ulterior responsabilidad, como podría ser
el delito de coacciones (artículo 172 del CP), si se incurre en violencia; delitos
contra la libertad de conciencia (arts. 522 y sigs.), aunque es más que dudoso
que en un supuesto como el citado de la transfusión de sangre encaje en alguno
de estos últimos delitos atendiendo a su redacción literal (tal vez inadecuada),
salvo que se corra el riesgo de incurrir en analogía in malam partem, pues
en realidad no se obliga a practicar actos reveladores de profesar o no profesar
una creencia religiosa o a mudar de religión, sino a infringir algunos de sus
preceptos religiosos172. El respeto a la voluntad del paciente no ofrece mayores
dificultades y debe primar si el médico ha previsto tal eventualidad y puedeofrecer al paciente otros tratamientos o productos alternativos de acuerdo con
criterios científicos objetivos (lex artis) que debe valorar personalmente173,
aunque sean más laboriosos y arriesgados, inconvenientes y riesgos que deberá
asumir el paciente, tras una detallada y continuada información por parte
de los profesionales que le atiendan174.
Si no hay disponibles otras opciones terapéuticas susceptibles de sustituir o
paliar la transfusión de sangre, lo cual ha de ser igualmente comprobado, se
abre ya el espectro de conflictos. La pregunta inmediata es aquí si la negativa a
recibir la transfusión puede calificarse como una actitud suicida. Los propios
testigos de Jehová insisten en dejar sentado que ni son suicidas ni ejercen el
'derecho a morir' cuando se oponen a una transfusión: "La realidad es que los
testigos de Jehová quieren permanecer vivos. Por eso procuran la ayuda médica.
Pero no pueden violar, y no van a violar, sus creencias religiosas profundamente
arraigadas y fundadas en la Biblia"175.
Estas afirmaciones son asumibles y explicables: los testigos de Jehová quieren
vivir, pero sin transgredir su credo religioso, lo cual es muy respetable, se
compartan o no tales creencias minoritarias. Sin embargo, cuando no existen
otras alternativas terapéuticas (hipótesis que hay que aceptar como punto de
partida para supuestos extremos, aunque probablemente aislados en la práctica)
y la transfusión de sangre parece el único medio posible, desde un punto
de vista objetivo, para eliminar el peligro inminente para la vida del paciente
que pertenece a esa confesión religiosa, si por mantenerse fiel a ella persiste en
rechazar la transfusión, hay que admitir que con tal actitud está contando con
la posibilidad de morir, hay una voluntad de morir, al menos indirecta, si el
paciente es consciente de que no existe otro medio de salvar su vida. Este contar
con la producción del evento probable o seguro de la muerte se aproximadesde el punto de vista jurídico a una actitud suicida, en cuanto que aquélla se
presenta como consecuencia necesaria asumida con el rechazo de la transfusión
vital176, que, por lo demás, parece del mismo modo respetable desde una
perspectiva ética, si responde a valoraciones personales libremente enraizadas
en la conciencia del individuo. Debe tenerse presente también que para determinados
grupos sociales hay valores dignos de respeto que son superiores
incluso a la vida misma en determinadas circunstancias177, y que deben conjugarse
con los principios de tolerancia frente a las minorías y de respeto al pluralismo
ideológico.
A la vista del antiguo CP TR 1973, inicialmente surgía un conflicto de deberes
(de proteger la vida del paciente de acuerdo con el art. 409 del CP TR 1973,
por un lado, y de respetar su libertad personal, art. 496, e, incluso, su libertad
ideológica o de conciencia, pero de acuerdo con el art. 16 de la CE). No obstante,
también en estos casos parecía aplicable el criterio que he expuesto más
arriba178 de que una persona adulta mentalmente sana y libre de presiones psi-cológicas externas puede rechazar el tratamiento, incluso aunque con su decisión
ponga en peligro su propia vida, sin que con ello se incurriera entonces en
un delito de auxilio al suicidio por omisión, al desaparecer en estas circunstancias
la posición de garante del tercero que omite, haciendo para ello una
revisión constitucional del anterior CP (que por si sólo, es decir, sin el filtro
constitucional, nos aportaba más bien una visión de absoluta preferencia a la
protección de la vida frente a otros bienes o intereses en conflicto)179, de acuerdo
con la cual no entra en el marco garantista de la CE la protección de la vida
humana contra la voluntad del propio interesado.
El CP de 1995 es también compatible con esta misma interpretación restrictiva
sobre la omisión en relación con el precepto equivalente (art. 143),
pero ahora, con más claridad, si cabe180.
Así es, puesto que aunque debe censurarse su redacción, dado que mientras
que en el último párrafo (art. 143.4) dice “el que causare o cooperare activamente
con actos necesarios y directos a la muerte de otro…”, los anteriores
sólo se refieren “al que coopere con actos necesarios…” (art. 143.2) y a
“si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte” (art. 143.3).
Es decir, en el mencionado en primer lugar se utiliza la palabra “activamente”,
sugiriendo la interpretación, a sensu contrario, de que cabe la omisión
en los otros dos, en los que no se menciona. De todos modos en los
tres párrafos se incluye la palabra “actos” como integrante de la acción, por
lo que se excluiría ya por este camino la omisión, sin necesidad de acudir al
criterio señalado, que sería ahora sólo confirmatorio de esta conclusión.
Téngase en cuenta, con el fin de matizar ciertas diferencias relevantes con
otras situaciones similares de rechazo de acciones ajenas salvadoras, que partimos
de la hipótesis de que el médico ha ofrecido expresamente el tratamiento
al paciente y le ha informado sobre la trascendencia que tiene para su vida, es
decir, que ha cumplido con su obligación inicial -de garante- de actuar en favor
de la tutela del bien jurídico y que tras ella, si persiste la negativa desaparece suposición de garante -y con ello la colisión inicial de deberes-181 en relación con
esa fuente de peligro, pero, lógicamente, no en relación con otras no rechazadas
por el paciente, que debe impedir de acuerdo con sus obligaciones profesionales182.
El cumplimiento de las pautas de conducta indicadas excluye también
la existencia de un delito de omisión del deber de socorro (art. 195 del
CP), pues el paciente no está desamparado en el sentido descrito en la parte
objetiva del tipo183.
 

lil

e-mergencista experimentado
#8
Si el paciente no ha podido manifestarse y declarar su rechazo a una eventual
transfusión de sangre por ser contraria a su credo religioso, surge otro problema,
tampoco infrecuente en los hospitales. Se trata de que entonces otros
familiares del paciente o incluso miembros del grupo religioso no pertenecientes
a la familia se oponen a la transfusión184. Al implicar su voluntad,
expresada en lugar del paciente, un serio peligro para la vida de éste, deben
acreditar con toda claridad cuál hubiera sido la voluntad del paciente adulto
inconsciente de haber podido expresarse; es decir, deben demostrar la pertenencia
del enfermo a dicho grupo y su voluntad de oponerse a transfusiones o
de mantenerse fiel a su credo, mejor documentalmente, pues en principio no
debe presumirse la capacidad de heroicidad, sacrificio o martirio en nadie,
como tampoco se presume hoy en relación con los miembros de otras confesiones
más extendidas.Dada la gravedad del caso y las repercusiones jurídicas que involuntariamente pueden recaer en terceras personas (los médicos que se han hecho cargo del tratamiento del paciente, o el juez al que se solicita la autorización oportuna),
tal vez no sería excesivo exigir una declaración escrita semejante a la del
llamado testamento biológico o vital y que los miembros de este grupo religioso
adoptaran tal precaución. Sólo así se podría asumir que esos terceros
actúan en el mejor interés del paciente -que es la base de la representaciónpues,
de lo contrario, su voluntad sería irrelevante; en estos casos -como en
otros- no es admisible el consentimiento presunto185. Este problema podría
resolverse con las previsiones de la Ley catalana 21/2000, que recoge la facultad
de emitir la voluntad anticipada (art. 8), así como en la proposición de ley,
aprobada por el Senado, actualmente en trámite parlamentario. En ambos textos
se establece como excepción las decisiones que sean contrarias "al ordenamiento
jurídico ya a la buena práctica clínica" (art. 8.3), lo que podría hacer
dudar sobre el alcance que se le ha querido dar a tales excepciones, en particular
la primera. No obstante, a la vista de todo lo argumentado precedentemente,
no cabe duda de que una decisión anticipada como la que estamos analizando
no sería contraria al ordenamiento jurídico. Los problemas pueden
tener otro origen, que expongo a continuación.
En efecto, es oportuno reconocer que las dudas sobre la validez de un documento
tal son más intensas que en relación con el testamento vital (con el que
al fin y al cabo se pretende terminar con un tratamiento que parece en sí
mismo ineficaz para la situación extrema que se toma en consideración, a diferencia
del caso que nos ocupa aquí, sin perjuicio de que no es tampoco descartable
tal eventualidad), puesto que al responder a motivos religiosos de grupos
muy cerrados, es más fácil sospechar que en más de una ocasión la firma
de aquél no habrá sido realizada de forma espontánea y libre de presiones
externas. Pero de no existir tal duda, el documento debería surtir plenos efectos186.
Este criterio de respetar la decisión del testigo de Jehová no se ha impuesto
por ahora, sin embargo, en la práctica española, sin perjuicio de que se han idoabriendo otros caminos favorables al mismo. Lo más frecuente es que ante
situaciones de peligro vital originado por el rechazo de la transfusión de hemoderivados,
cuando además ésta aparentemente no admite alternativas de tratamiento
eficaz, los médicos acudan al Juez para que indique cuál es el comportamiento
que han de seguir conforme a derecho, y que aquél ordene la realización
de las transfusiones necesarias médicamente, incluso con el apoyo de la
fuerza pública, si fuera preciso. En algunos casos (probablemente muchos
menos de los que han dado lugar a una transfusión vital coactiva) el paciente
o sus familiares han planteado una querella contra el Juez que autorizó u ordenó
la transfusión, procesamiento que ha sido rechazado de forma constante
por los tribunales de justicia españoles.
En este sentido, debemos remontarnos a una ya lejana decisión del TS187,
por medio de la cual confirmó la orden dada por el Juez a un médico que acudió
a él para realizar la transfusión de sangre gracias a la cual pudo salvarse la
vida a un testigo de Jehová que la rechazaba. En este auto se avaló la actuación
judicial, basándose en la obligación y a la vez derecho de su intervención en la
forma expresada, con el fin de evitar incurrir puniblemente en una cooperación
pasiva al suicidio (art. 409 del CP TR 1973), o en una omisión de socorro
(art. 489 bis del CP citado), a la vez que se encontraba justificado por la situación
de necesidad (núm. 7 del art. 8º del mismo CP)188.
Con posterioridad, el TS ha tenido otra ocasión para declarar lícita la transfusión
realizada a un miembro de esta misma confesión religiosa por orden del
juez, a pesar de la cual falleció la paciente189. En esta oportunidad el interés de
la decisión radicaba en que se utilizaron argumentos distintos -pero complementarios-
de los del caso de 1979: se rechazó un posible delito de coacciones
y de atentado contra la libertad religiosa, alegando respecto a este último que
según la LO sobre libertad religiosa, de 5 de julio de 1980, esta libertad encuentra
sus límites, entre otros, en la "salvaguarda de la seguridad, de la salud y de
la moralidad pública" (artículo 3, párrafo 1.º). Este mismo caso llegó incluso al[TC en recurso de amparo, el cual rechazó que se hubiera producido la indefensión
alegada y vino a confirmar -aunque indirectamente, pues no entró en
el fondo del asunto- la argumentación jurídica sostenida por el TS190.No parece
conciliarse bien este criterio del TC con el mantenido años más tarde en su
sentencia de 27 de junio de 1990, sobre el recurso de amparo en relación con
la huelga de hambre.
Una cuestión debatida al respecto por los autores es si entre esos límites se
está refiriendo la Ley sobre libertad religiosa a la salud individual o, por el contrario,
a la pública, y, aun en este último caso, si ha de entenderse incluida también
la salud individual. Pero, como se ha apuntado191, lo verdaderamente significativo
es que en estas situaciones límite lo que se halla en juego no es la
salud (individual o colectiva), sino la vida de la persona, y sobre la disponibilidad
de la propia vida por uno mismo ya he dado mi opinión sobre su conformidad
con la CE.
Por su parte, el TS ha llegado a considerar que la vida es un bien jurídico
indisponible y, por consiguiente, es irrelevante el consentimiento del interesado
para que se le interrumpa la transfusión de sangre en un caso de urgencia
vital192. Finalmente el TS ha abierto incidentalmente un nuevo camino193,
aunque no fuera el objetivo directo del caso: “El adulto capaz puede enfrentar
su objeción de conciencia al tratamiento médico, debiéndose respetar su decisión,
salvo que con ello ponga en peligro derechos o intereses ajenos, lesione la
salud pública u otros bienes que exigen especial protección”.
A salvo de la excepción apuntada194, esta línea argumental de nuestras instancias
más superiores no ha encontrado, sin embargo, suficiente eco en otras
instancias judiciales en las se han planteado diversos asuntos relacionados conla negativa a transfusiones de sangre; muy al contrario, en algunas de ellas se
han abierto unas perspectivas muy diferentes a las anteriores e, incluso, contradictorias
con ellas195. Así, en otro caso semejante a los comentados, el TSJ
de Madrid196 desestimó la apelación relativa a la admisión a trámite de una
querella presentada contra el magistrado que ordenó la realización de una
transfusión de sangre a un testigo de Jehová. Sin embargo, en su argumentación,
el Tribunal, si bien no apreció indicios de criminalidad en la decisión del
magistrado (delitos de impedir a una persona el ejercicio de los derechos cívicos
reconocidos por las leyes, de prevaricación y de profanación, entre otros),
no comparte la misma, ni, como se verá, los criterios del TS correspondientes
al primer auto citado:
.....
 

lil

e-mergencista experimentado
#9
"Tampoco comparte la Sala la tesis, rechazada igualmente por el Ministerio
Fiscal, de que el Juez tenga que autorizar forzosamente la transfusión para
no incurrir en el delito de omisión del deber de socorro previsto y penado
en el art. 489 ter del Código Penal. Si la paciente es mayor de edad, y adopta
su decisión libremente, si no se trata de un menor, ni de un incapacitado,
el Juez no tiene obligación ineludible de conceder autorización para
realizar transfusiones, que entrañan un evidente riesgo y que admiten
métodos y soluciones alternativas. Desde luego no ocurre un estado de
necesidad, ni se trata de un auxilio omisivo al suicidio, ya que los Testigos
de Jehová no quieren su muerte sino vivir, aunque no a toda costa y a cualquier
precio, ni conculcando sus creencias, por lo que su actitud no puede
ser calificada de suicida, ni desde una perspectiva psicológica ni desde una
perspectiva jurídica" (f. j. nº 8). Y en otro lugar añade: "… ni se trata de una
cuestión que deba ser resuelta por el Derecho Penal, operándose un problema
de elección de riesgos, por lo que es erróneo el planteamiento de/hacer prevalecer en todo caso el derecho a la vida sin ningún tipo de limitaciones,
debiendo tenerse en cuenta la libertad del individuo y sus límites
éticos respetándose las creencias religiosas y la dignidad de la persona,
teniendo en cuenta que toda transfusión supone un riesgo y admite soluciones
alternativas" (f. j. nº 11).
Sin entrar en algún aspecto discutible (como la naturaleza médica de la
transfusión de sangre, o no razonar por qué no hay un estado de necesidad que
justifique la conducta, o que no hay voluntad última suicida, puntos éstos
debatidos por la doctrina y la jurisprudencia, como se ha podido comprobar y
a los que podría haber contribuido a despejar), lo cierto es que este auto -junto
a los otros dos anteriores del mismo año- abre otra línea argumental más acorde
con los intereses de la decisión libre de un adulto en relación con un tratamiento
vital, y que debería continuar en el futuro. Sin embargo, se pone de
manifiesto de forma más evidente la confusión que existe sobre la materia, que
deberá ser aclarada de forma definitiva por el TC cuando le llegue un caso de
éstos y pueda entrar por fin en el fondo de la cuestión. Por consiguiente, presupuesto
para que se adopte por aquél o por los tribunales ordinarios un criterio
adecuado es que no se introduzcan factores que enmarañen y desvíen la
atención sobre el núcleo del problema, para lo que debería plantearse, en mi
opinión, tan sólo el amparo sobre derechos fundamentales presuntamente violados
(mediante recursos de reforma o de queja ante la instancia, o de amparo
ante el TC, según corresponda) y no el procesamiento de un juez o de un médico
por haber impuesto coactivamente un tratamiento vital (la transfusión de
sangre)197.
Por otro lado, me parece dudosa cuál sea la conducta adecuada cuando el
paciente ha perdido la conciencia, habiendo manifestado con anterioridad su
negativa a ser transfundido. En este sentido, algunos pronunciamientos judiciales
que se mueven en la posición de respeto a la decisión del paciente que
rechaza la transfusión indican que “en caso de perder la conciencia se efectúe
el tratamiento que sea necesario, pues como antes se ha tratado de razonar la
oposición del mismo vale en cuanto responda a decisión consciente”198. En miopinión, la congruencia con los planteamientos de partida debe conducir al
respeto de la voluntad con todas sus consecuencias, incluso a partir del
momento en que se pierda la conciencia, siempre que se haya tomado la precaución
de mantener informado al paciente de forma continuada sobre su
estado y evolución inmediata (incluida la pérdida de conciencia y la muerte).
A diferencia de otros casos199, el paciente que actúa movido por motivos de
conciencia -aunque aquí lo que interesa es respetar la decisión libremente
adoptada, como vengo apuntando- ha tomado una resolución de voluntad que
responde a una trayectoria, a su propia concepción de la vida, de acuerdo con
la cual hay valores que la trascienden, y no es imaginable presumir que la
hubiera cambiado de volver a la conciencia. Por otro lado, no se habría avanzado
demasiado, pues es frecuente la pérdida de la conciencia antes de que se
produzca el fallecimiento, por lo que de estimarse en estos casos por el médico
como tratamiento necesario, junto a otros cumulativos, una transfusión de
sangre, no se habría logrado satisfacer el objetivo último. Por consiguiente, en
caso de pérdida de conciencia deberían aplicarse todas las medidas disponibles,
salvo la de la transfusión.
En cualquier caso, hay que convenir en que los profesionales de la sanidad
no tienen por qué asumir en estos momentos tener que tomar decisiones tan
complejas con importantes consecuencias jurídicas sobre las que todavía no
hay un acuerdo definitivo200 por parte de los jueces201 y de los especialistas; por
consiguiente, mientras esta ambigüedad e inseguridad jurídica perdure así,
debe aceptarse también que continúen siendo los jueces quienes indiquen a los
médicos el modo de actuar en estos casos, con independencia de cuál pudiera
ser el soporte legal202 que confiera a los jueces tales competencias.Pues éste es también un asunto de debate: si los jueces tienen competencia
para tomar esta clase de decisiones y, en su caso, a qué instancia correspondería.
Sobre este último aspecto se ha pronunciado la AP de Palma de
Mallorca203: “Cabe reseñar que una parte de la doctrina o de autores que
han tratado este tema se inclina por considerarlo como un procedimiento
de jurisdicción voluntaria del artículo 1811 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, para cuya interposición serían hábiles todos los días y horas del año
(art. 1812) y correspondería a los Juzgados de Instrucción de Guardia si se
interpusiera fuera de las horas de audiencia de los Juzgados Civiles, dada la
urgencia en su resolución. Algunos autores consideran la competencia del
Juzgado instructor dentro de sus facultades de prevenir los posibles efectos
de un delito, por tanto, que cuenta con el obstáculo de que no se ha perpetrado
ningún delito, sin que se trata más bien de evitar una posible responsabilidad
médica, o de confirmar si la decisión tomada es plenamente
consciente o libre, sin influencias o vicios de voluntad. (…) Ahora bien, si
se parte de la postura de que no cabe imponer coactivamente la transfusión,
y el juzgador ha comprobado que el consentimiento es libre y no existen
indicios de ningún posible vicio de voluntad, nos encontramos ante
una cuestión ajena al derecho penal” (f.j. 2º). La cuestión dista todavía de
estar resuelta, pues si lo que está en juego es evitar una posible responsabilidad
del médico o imponer coactivamente una transfusión, como señala el
auto, es materia penal204. Si, por el contrario, únicamente se trata de amparar
a quien rechaza un tratamiento por el motivo que sea en el ejercicio de
su libertad, el criterio sería distinto. Por lo tanto, desde el momento en que
se alcance unanimidad jurisprudencial y la cuestión se plantee desde este
último punto de vista o para asistir al médico cuando se susciten dudas
sobre la validez del consentimiento en el caso concreto, será posible y con-veniente alejarlo de perspectivas penales, admitiendo lo paradójico de que
ello dependa, en último extremo, de un problema de interpretación del
ordenamiento jurídico205.
Incluso, tengo la convicción de que por esa misma complejidad y confusión
que acompaña a la cuestión, un médico que sin acudir al juez decidiera en conciencia
tanto respetar la voluntad expresada por el propio paciente adulto
como llevar a cabo una transfusión vital e inevitable, no sería condenado por
ningún Tribunal; pero eso sí, tal vez no podría evitar los inconvenientes de un
procesamiento tampoco en el segundo caso (piénsese, p. ej., en una posible
denuncia por alguna asociación pro vida), aunque sea previsible que con
menos frecuencia. Esta conclusión, aparte de perplejidad no puede sino producir
insatisfacción por la inseguridad jurídica que revela y por la desconfianza
que puede generar en el profano sobre la eficacia de los instrumentos jurídicos.
Una cuestión distinta es cuando el implicado en el rechazo del tratamiento
vital -de la transfusión de sangre- es un menor de edad.
En efecto, es unánime la opinión -sobre la que nos hemos extendido suficientemente
más arriba- de que el ejercicio de la patria potestad debe prestarse
en el mejor interés o beneficio del hijo menor y que no faculta a los padres
para tomar decisiones irreversibles que puedan poner en serio peligro la vida
de sus hijos menores al dar prioridad a otros intereses206, incluso aunque sean
relevantes y pretendidamente en favor del propio menor, por ejemplo, mante-nerse tanto los padres como al hijo, fieles al credo religioso profesado por aquéllos
y en el que previsiblemente habría sido -o estaría siendo- educado su hijo.
En relación con el menor, los padres deben asumir la eventual responsabilidad
penal en la que pueden incurrir por impedir o entorpecer de algún modo el
tratamiento vital de su hijo menor207.
http://www.fundaciongrifols.org/docs/pub5 esp.pdf
 
#10
bueno este tema de las transfuciones sanguineas siempre han sido un tema controbercial pero no nadamas son aspectos religiosos sino tambien son aspectos personales o de falta de cultura principal mente por grupos etnicos que no tiene a su alcanse una difucion precisa del tema, en estos casos somos en la gran mayoria responsables por no difundir esta informacion en forma explicita a todas esas personas no lo crees
 

Slash

e-mergencista experimentado
#12
bueno este tema de las transfuciones sanguineas siempre han sido un tema controbercial pero no nadamas son aspectos religiosos sino tambien son aspectos personales o de falta de cultura principal mente por grupos etnicos que no tiene a su alcanse una difucion precisa del tema, en estos casos somos en la gran mayoria responsables por no difundir esta informacion en forma explicita a todas esas personas no lo crees
No entiendo precisamente lo que dices Julio Cesar, perdon. Te refieres a difundir los riesgos-beneficios de las transfusiones sanguíneas a las personas religiosamente no involucrada en este tema??

UN SALUDO
 

lil

e-mergencista experimentado
#13
Mas supuestos... :roll:

http://www.actualderechosanitario.com/n43.htm

La intervención judicial por transfusión a testigos de Jehová debe limitarse a urgencias[SIZE=-1]
La intervención judicial por transfusión a Testigos de Jehová debe limitarse a urgencias y casos clínicos críticos, según un auto del Juzgado de Instrucción nº 5 de San Sebastián. Además del carácter de urgencia de la operación, la resolución apunta que deben darse otras dos circunstancias antes de solicitar la intervención judicial: que el Testigo de Jehová, sus padres o tutores manifiesten de forma expresa su negativa a la transfusión, y que se haya informado de la posibilidad de elegir centros asistenciales donde se sustituye la transfusión de sangre por la utilización de fluidos coloidales o cristaloides. El auto de San Sebastián, confirmado por otro que resuelve un recurso de reforma, desestima la petición del gerente del Hospital de la Cruz Roja en San Sebastián para que se autorizase la transfusión porque no se dieron estos requisitos. Se trataba de realizar una adenoidectomía y amidalegtomía a una menor de tres años, y el gerente solicitó la autorización ante la "posible" negativa de los padres a la transfusión.
REF. 102[/SIZE]

El médico y no el juez es el responsable de la transfusión a un testigo de Jehová[SIZE=-1]
Es el médico y no el juez quien debe optar por transfundir sangre o no a un testigo de Jehová -adulto- que se niega a terapias con hemoderivados, según la Audiencia de Granada. La ley no otorga competencias al juez para autorizar la transfusión cuando un médico se lo pide para evitar complicaciones de futuro: la Audiencia revoca así una autorización judicial para transfundir si se producía una situación crítica en una operación -finalmente desarrollada con éxito y sin transfusión-. En el caso de autos, un juez autorizó la transfusión basándose en que la vida en la ley prevalece sobre otros derechos. También, para no forzar al médico a quebrantar la lex artis. "Es más, podría existir responsabilidad para el juez o el médico por la falta de regulación", afirmó el auto revocado. Ante esta colisión de derechos y deberes de médico y paciente, el juez autorizó la transfusión. Por otra parte, hay que recordar una sentencia del Tribunal Supremo que respeta la negativa a la transfusión del adulto capaz salvo que peligren intereses ajenos (ADS nº 37, pág. 129, párrafo 4º).[/SIZE]
 

Slash

e-mergencista experimentado
#14
Bueno entiendo que lo que voy a poner puede crear un poco de polémica (o no, segun se quiera entender) y si algun moderador piensa que es así, por favor ruego que se retire el mensaje.

Hablando de la negación a transfusión por parte de los testigos de Jehová en el ultimo articulo que ha expuesto lil, de si es adulto se debe respetar la negación a la transfusión si no conlleva daños a terceros.
No puede extrapolarse este articulo de la ley sanitaria a los casos de eutanasia?? Entiendo que una cosa es cuestion de creencias religiosas, pero se puede sobreentender que en algunos casos puede llevar a la muerte inclusive.
En cuanto el tema de la eutanasia no es una cuestion religiosa pero sí una cuestión ética y si la persona decide acabar con su vida por falta de capacidad para seguir adelante, mientras que no afecten a terceros porque no se respeta?? Incluso si me apuras entiendo más a una persona que pide la eutanasia que una que no quiere transfundirse, ya que la primera normalmente suele decidir eso por motivos, a veces obvios.
Se sobrevalora mas la decición de un paciente si habla con la Cruz en la mano que otro que habla con la realidad evidente??

Que conste que no es un tema polémico, o por lo menos no lo quiero enfocar así, pero creo que en parte, lleva bastante relación.

UN SALUDO
 

lil

e-mergencista experimentado
#15
Te contesto con un articulo de los mejores expertos en CI del pais: Pablo Simón Lorda que ademas fue uno de los componentes de la comision científica en el senado para la redaccion de la ley de autonomía y ademas miembro del Comite de Etica del SAS que hace poco permitio que se retirara la ventilación mecánica a I. Echevarría...
Aunque este es otro debate ya que la eutanasia y la limitación del esfuerzo terapéutico tienen tratamientos legales distintos...
ej de argumentacion en este caso: El Consejo Consultivo de Andalucía dictamina ajustada a derecho la Petición de doña I.E.R. http://www.juntadeandalucia.es/cons...arga=fichero_descarga1&download=echevaria.pdf

Diez mitos en torno al consentimiento informado
Ten myths about informed consent
P. Simón

http://scielo.isciii.es/pdf/asisna/v29s3/original3.pdf

MITO 7. Los pacientes tienen derecho
a rechazar un tratamiento, incluso si con
ello ponen en peligro su salud o su vida,
pero sólo antes de que se les aplique. Una
vez iniciado éste los profesionales no pueden
retirarlo.
Respuesta. Falso. Es un principio ético
y jurídico básico de la teoría del consentimiento
informado que las decisiones autónomas
de los pacientes deben respetarse.
Decisiones autónomas son aquellas que
las personas toman de forma libre, informada
y capaz. Estas decisiones pueden ser
de aceptación o rechazo de cualquier
intervención diagnóstica o terapéutica, y
en el caso de que la decisión inicial sea de
aceptación, posteriormente el paciente
puede revocar libremente ese consentimiento,
siempre y cuando asuma de forma
libre e informada las consecuencias de su
revocación.
Explicación. La negativa de los profesionales
sanitarios, e incluso de los jueces,
a aceptar la libertad de los pacientes informados
y capaces para rechazar tratamientos
o revocar su previo consentimiento
para recibirlos es una expresión muy clara
de lo difícil que resulta superar la mentalidad
paternalista. Y ello a pesar de que la
Ley 41/2002 establece de forma clara y
contundente este principio jurídico en sus
artículos 2.3, 2.4 y 8.5.
Lo cierto es que cuando un paciente
decide libremente asumir la posibilidad de
lesión de su salud o de su vida y rechazar
un tratamiento que le resulta inadmisible,
con demasiada frecuencia a todos los
implicados les asaltan de nuevo los fantasmas
paternalistas de la prioridad absoluta
e indiscriminada de la protección de la
vida sobre el ejercicio de la libertad personal.
Testigos de Jehová adultos que rechazan
transfusiones sanguíneas, pacientes
renales no trasplantables y en diálisis que
solicitan la suspensión de la misma,
pacientes tetrapléjicos, con ELA o con distrofias
musculares que solicitan la desconexión
de respiradores o incluso presos en
huelga de hambre, son ejemplos claros y
polémicos de este debate.
La idea de que, una vez iniciada una
tecnología ya no puede ser retirada bajo
ningún concepto aunque haya dejado de
ser útil o el paciente capaz la rechace, es
cuestionable ética y jurídicamente. Es más
bien la idea contraria la adecuada: es éticamente
obligatorio y jurídicamente
correcto retirar terapias inútiles o que el
paciente capaz rechaza. Y ello aun cuando
de dicha retirada se derivara la muerte del
paciente. De no ser así, ¿qué sentido tiene
que aceptemos que los ciudadanos tomen
estas decisiones para cuando sean incapaces,
mediante el documento de voluntad
anticipada, si rechazamos que las tomen
cuando todavía son capaces?, ¿tienen los
pacientes incapaces más derechos que los
capaces?
 
Última edición:

vicente roca

e-mergencista experimentado
#17
El médico y no el juez es el responsable de la transfusión a un testigo de Jehová[SIZE=-1]
Es el médico y no el juez quien debe optar por transfundir sangre o no a un testigo de Jehová -adulto- que se niega a terapias con hemoderivados, según la Audiencia de Granada. La ley no otorga competencias al juez para autorizar la transfusión cuando un médico se lo pide para evitar complicaciones de futuro: la Audiencia revoca así una autorización judicial para transfundir si se producía una situación crítica en una operación -finalmente desarrollada con éxito y sin transfusión-. En el caso de autos, un juez autorizó la transfusión basándose en que la vida en la ley prevalece sobre otros derechos. También, para no forzar al médico a quebrantar la lex artis. "Es más, podría existir responsabilidad para el juez o el médico por la falta de regulación", afirmó el auto revocado. Ante esta colisión de derechos y deberes de médico y paciente, el juez autorizó la transfusión. Por otra parte, hay que recordar una sentencia del Tribunal Supremo que respeta la negativa a la transfusión del adulto capaz salvo que peligren intereses ajenos (ADS nº 37, pág. 129, párrafo 4º).[/SIZE]
Este caso es revelador: el médico, preparándose para una contingencia posible (que finalmente no se produjo) pide una autorización para transfundir contra las creencias religiosas del paciente y la obtiene en primera instancia. Posteriormente la Audiencia la revoca. Ninguna sorpresa, pero si condiciona la lex artis: ¿que cirujano empezaría a operar sin tener previstas todas las complicaciones posibles?
 

Dr. Skawman

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Miembro del equipo
Autor #18
Doctor, ya le dije MIL VECES que, POR FAVOR, No me quiero Transfundir...

Agradezco todas sus contribuciones, en especial a Jenar y a Lil; se ve que nos hemos informado legalmente en este asunto y creo que esto es primordial.

Ahora bien, quiero mover el timón del foro y pautar una ruta, si me lo permiten.

Veo que son pocos los que tienen o tendrían la intención de respetar la desición del paciente y de todas maneras transfunden (lo tachan de necio, ignorante, de fanático religioso, de discapacitado mental), pero...

¿qué han hecho o qué harían para no transfundir?
la literatura actual da todas las posibles opciones, mas es ambígua en los resultados finales (sobrevida, hipoxia cerebral, secuelas...)

Como manejan el caso en:
  1. en paciente para cirugía electiva (Los Testigos de Jehová no permiten la autotransfusión.)
  2. En el paciente urgente y grave...
 

vicente roca

e-mergencista experimentado
#19
Re: Doctor, ya le dije MIL VECES que, POR FAVOR, No me quiero Transfundir...



¿qué han hecho o qué harían para no transfundir?
la literatura actual da todas las posibles opciones, mas es ambígua en los resultados finales (sobrevida, hipoxia cerebral, secuelas...)

Como manejan el caso en:
  1. en paciente para cirugía electiva (Los Testigos de Jehová no permiten la autotransfusión.)
  2. En el paciente urgente y grave...
Por partes,
1.- si una cirugía incluye como posible complicación la necesidad de transfundir en cirugía electiva tenemos varias opciones; para mi la más honesta es no hacerla (dado que es electiva), ofreciéndole al paciente que acuda a centros donde si se embarcan en estas "aventuras". No hacerlo así me parece que podría derivarse en consecuencias penales.

2.- en el paciente urgente y grave, agotadas las posibilidades terapeúticas con cristaloides y coloides, SI ESTA INDICADA LA TRANSFUSIÓN, la precisa para seguir viviendo, yo no tengo dudas, y no es porque tache al paciente de necio, irresponsable, etc etc, si no porque creo que mi obligación es intentar salvarle la vida, para que pueda seguir ejerciendo su libertad religiosa, p.ej. y le enchufo la transfusión.
 

Slash

e-mergencista experimentado
#20
Re: Doctor, ya le dije MIL VECES que, POR FAVOR, No me quiero Transfundir...

2.- en el paciente urgente y grave, agotadas las posibilidades terapeúticas con cristaloides y coloides, SI ESTA INDICADA LA TRANSFUSIÓN, la precisa para seguir viviendo, yo no tengo dudas, y no es porque tache al paciente de necio, irresponsable, etc etc, si no porque creo que mi obligación es intentar salvarle la vida, para que pueda seguir ejerciendo su libertad religiosa, p.ej. y le enchufo la transfusión.
Y no puede ser que al enchufarle la transfusión haces que se sienta impuro y se crea no merecedor de seguir ejerciendo esa libertad religiosa?? Al fin y al cabo es algo que va en contra de sus creencias. Pero decirte que estoy contigo. Aunque claro... tambien habría que valorar ese punto.

Tambien decir que se podría intentar con factores de coagulación que por lo visto eso no lo descartan estos señores.

UN SALUDO
 
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